El día 27 de enero del año en curso fue publicado en el periódico oficial del estado de Puebla el decreto emitido por el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle,  y aprobado  por el Congreso del Estado con el consentimiento de 142 municipios, en donde se reforma el artículo 12 en su fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que a la letra dice:

 

 “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

 

 

Esta reforma parece inofensiva en sus primeras líneas. Sin embargo, al final del párrafo se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los cabildos; al mismo tiempo  para  que lo concesione a un particular, como ocurrió en la ciudad de Puebla, donde el servicio fue privatizado desde 2013.

 

De la lista de los 142 municipios que estuvieron de acuerdo 42 son gobernados por alcaldes priistas; 49 son del PAN; seis del Partido Verde y el resto pertenecen al PRD, PT, Movimiento Ciudadano Nueva Alianza y PSI.

 

 

Entre los municipios gobernados  actualmente por el PRI y que  estuvieron de acuerdo con la reforma se encuentra Huitziltepec, en la mixteca poblana.  En enero  llegó el formato para que  los  integrantes del cabildo lo  firmaran. No hubo una sesión para tratar el asunto. No se valoró, no se discutió, no se debatió. Todos firmaron y ya, como si se tratara de un mero trámite.

 

 

 

Los únicos municipios que se opusieron fueron San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Libres, Tehuacán, Ocoyucan y Coronango, cuyos alcaldes consideraron que la medida violenta la autonomía municipal. Sin embargo, con el decreto, todos los ayuntamientos tendrán que atenerse a la nueva medida.

 

Esta reforma, que pasó desapercibida para los medios de comunicación, fue aprobada el pasado 6 de enero en sesión extraordinaria con el voto de todos los diputados locales, incluso los partidos de oposición: PRD, Verde y PRI.  Después de la aprobación en sigilo de la reforma por parte del Congreso local, el Poder Legislativo envió a los 217 municipios de la entidad, la Minuta Proyecto de Decreto de la reforma al Artículo 12, para su respaldo a través de sus cabildos.

 

 

Esta reforma es parte del paquete de modificaciones que se realizaron en la recta final del sexenio morenovallista y que tienen el objetivo de retirar el control de los servicios públicos a los municipios.

 

 

La reforma aprobada el 6 de enero, y promulgada el 27 de ese mismo mes, se anunció como un cambio para proteger el derecho al agua de la población, sin embargo la inclusión de este párrafo servirá al gobierno estatal para tomar el control de la prestación del servicio y al mismo tiempo para que el servicio pase a manos privadas en toda la entidad y sea administrado mediante concesiones  a empresas particulares con tarifas excesivas.

 

Se presentaron varias irregularidades en la elaboración de esta reforma. A través de diferentes medios de comunicación se ha dado a conocer que hay regidores que afirman, como en el caso Cuautlancingo,  que fue una sorpresa enterarse que habían aprobado la reforma privatizadora, cuando ni siquiera habían sido convocados para tal motivo. Se habla de falsificaciones de firmas.

 

 

Esta reforma ha despertado  inconformidad en diferentes regiones del estado  de Puebla: amparos, cierre de carreteras, mítines, marchas.

http://www.proceso.com.mx/475503/se-organizan-pobladores-contra-la-privatizacion-del-agua-en-puebla#!kalooga-22894/Puebla

 

 

El 20 de febrero en el municipio de  Ocotepec al menos 18 indígenas lesionados, uno de ellos de gravedad, fue el saldo que arrojó la represión policíaca contra defensores del agua durante la manifestación pacífica que efectuaron  en el tercer Informe de Gobierno de la alcalde Macaria Hernández.

 

 

 

El 22 de febrero en la ciudad de Puebla, en rueda de prensa, se dio a conocer la constitución de la agrupación Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua (PUCPA), que  agrupa a 9 municipio y que tiene como finalidad la derogación a la reforma privatizadora; además advirtieron:

 

“Si el gobierno intenta adueñarse de nuestros pozos comunitarios, riachuelos  y ojos de agua, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que ninguna fábrica llegue y vamos a tomar en custodio los pozos profundos”.

 

 

El 23 de febrero en Zoquitlán, pobladores de este municipio acudieron al palacio municipal  con el objetivo de expresar su molestia debido a que en la lista de los ayuntamientos que avalaron el dictamen del Congreso del Estado, para que el servicio de agua potable lo administre el gobierno estatal.  Los manifestantes señalaron que es una falta de respeto hacia la población el hecho de que el cabildo haya votado a favor de ese decreto, lo cual demuestra que hay un absoluto contubernio para despojar a las poblaciones del agua, recurso natural al que todos tienen derecho.

 

Una situación similar ocurrió en el caso de San Gabriel Chilac, donde habitantes protestaron en la explanada de ese municipio, para exigirle al presidente municipal, Rigoberto Martínez Rosas, un pronunciamiento del Cabildo en contra del proyecto de decreto, pues  ese municipio también aparece en la lista de los que aprobaron el dictamen.

 

 

 

En sesión de cabildo ordinario, regidores del ayuntamiento de San Martín Texmelucan ratificaron por mayoría su negativa a la privatización del agua, luego de desmentir que hayan avalado la reforma al artículo 12 en enero pasado.

 

Varias organizaciones  están convocando a una gran marcha el próximo 7 de marzo para exigir la derogación de dicha reforma y no permitir que el agua se privatice en el estado de Puebla.  Saldrán a las 11 de la mañana del Gallito, Paseo Bravo,  y marcharan  al Congreso del Estado de Puebla en donde realizaran un platón.