FONDO

15 de octubre del 2013

 

Huitziltepec es una palabra de origen náhuatl que significa: en el Cerro de la Espinas Negras. Este cerro, en la mixteca poblana,  domina el paisaje de la región; una parte le pertenece al territorio del municipio de Huitziltepec, la otra al municipio de Molcaxac. Este cerro da nombre a dos comunidades vecinas: Santa Cruz Huitziltepec y Santa Clara Huitziltepec.

 

Hace 12 años, el 15 de octubre del 2001, se llevó a cabo un foro estatal sobre derechos y cultura indígenas en el municipio de Huatlatlauhca, en la Mixteca poblana.  Hasta ese evento, organizado por el gobierno del estado de Puebla, llegaron delegados del municipio de Huitziltepec.

 

Durante el periodo  1999-2002, el gobierno municipal de Huitziltepec   se mantuvo en el exilio, gobernando desde  la junta auxiliar de Santa Ana Coapan. El edificio de la presidencia en la cabecera municipal, en Santa Clara Huitziltepec, había sido tomado por el movimiento perredista. Los perredistas no permitieron que el priísta Ardelio Herrera entrara a gobernar pues lo consideraban un “fuereño”, por ser originario de una junta auxiliar.

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En el año 2000, al tomar protesta como presidente del país, Vicente Fox Quesada, en uno de sus primeros actos de gobierno designó a Luis H. Álvarez como Comisionado para el diálogo en Chiapas, y días después envió para su aprobación la Ley COCOPA  (la traducción jurídica de los Acuerdos de San Andrés) al Congreso de la Unión, en calidad de iniciativa presidencial. El EZLN saludó la designación y para reiniciar el diálogo pidió lo que llamó Tres señales mínimas de buena voluntad, que fueron:

1. El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la transformación en ley de la iniciativa de la COCOPA.

2. La liberación de todos los zapatistas presos en las cárceles de Chiapas y en otros estados, y

3. El retiro de siete puestos del ejército federal “de los 259 que instaló en Chiapas después del 01 de enero de 1994”
En febrero de 2001 partió de las comunidades zapatistas una caravana (denominada Marcha del color de la Tierra) al frente de la cual iban  los comandantes y un subcomandante del EZLN, quienes  recorrieron parte importante del territorio nacional, llegando en marzo a utilizar la tribuna del Congreso de la Unión.

 

El 25 de abril de 2001, el Senado de la República modificó la iniciativa enviada, y por unanimidad aprobó la reforma constitucional en materia indígena, modificando los artículos 2º y 115 constitucionales y la envió a la Cámara de Diputados, la cual en su calidad de cámara revisora  aprobó la minuta enviada por el Senado.

El 30 de abril de 2001 el EZLN desconoció la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión porque “no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN”, porque traiciona los Acuerdos de San Andrés en lo general y, en lo particular, la llamada iniciativa de Ley de la COCOPA en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros, y porque impide “el ejercicio de los derechos indígenas”.

Para realizar adiciones o reformas constitucionales, la propia Constitución Política señala que después de aprobadas por el Congreso de la Unión, deben ser aprobadas por “la mayoría de las legislaturas de los Estados”. Lo que significó el inicio del proceso legislativo de las cámaras de diputados estatales. El 24 de mayo del mismo año, el Congreso de Veracruz se convirtió en la primera legislatura en aprobar el dictamen de reforma constitucional y en las próximas semanas diversas legislaturas continuaron  el procedimiento, siendo el Congreso de Michoacán el que cumplió el requisito constitucional el día 12 de julio.

 

El 18 de julio de 2001 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró consumada la contrarreforma. La aprobación se realizó con diversas irregularidades realizadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, violándose los artículos 133, 16, 4, 14, 115, 128 y 135 Constitucionales.

El 14 de agosto de 2001, el presidente Fox promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, ello lo hizo sin considerar las reacciones de organizaciones civiles, de derechos humanos, y del EZLN, desaprovechando la posibilidad de utilizar el llamado derecho a veto establecido en el artículo 72 constitucional.

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En ese contexto, en  el mes de octubre del 2001, en  el estado de Puebla se llevaron a cabo foros en las diferentes regiones indígenas. Sierra Norte, Sierra Negra y Mixteca poblana; con el fin de llevar a cabo la reforma indígena a nivel estatal.

 

En la mixteca poblana se llevó a cabo, el 15 de octubre,  un foro regional en el municipio de Huatlatlauca, en cuyas comunidades y juntas auxiliares se habla la lengua náhuatl.  El entonces gobierno municipal de Huitziltepec, llevó en autobús a los integrantes de la sociedad de la palma, de extracción priísta, al encuentro indígena.

 

A decir verdad, los delegados que llegaron de los municipios de la región eran en realidad “acarreados priístas”; muchos de ellos ni siquiera sabían bien a bien a qué iban. Al final del foro, todos los delegados levantaron la mano, expresando su total acuerdo con los resolutivos planteados por el gobierno priísta del estado de Puebla. A decir verdad los foros regionales fueron una farsa montada por el gobierno estatal para darle legitimidad a la contrarreforma indígena.
De acuerdo a los señalado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, como reacción a la llamada contrarreforma indígena se presentaron tres tipos de recursos: 272 controversias constitucionales (la primera de ellas interpuesta por el municipio de Molcaxac, vecino del municipio de  Huitziltepec,  firmada por el síndico municipal, originario de la junta auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec) interpuestas por municipios de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos y Oaxaca. Además de  2 acciones de inconstitucionalidad (interpuestas por los Congresos de Tabasco y Tlaxcala) y 14 amparos interpuestas por comunidades indígenas (del Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Chiapas). Este procedimiento duró alrededor de un año, y el 7 de septiembre de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró incompetente para conocer de las materias impugnadas.

 

En resumen, el Estado mexicano (los 3 poderes de la nación: ejecutivo, legislativo y judicial) traicionó a los pueblos indígenas de México.  Como respuesta, durante el mes de julio del año 2003 el EZLN convocó a sus simpatizantes a reunirse durante el mes de agosto del mismo año para que conocieran de la creación las Juntas de Buen Gobierno, lo que implicaba ejercer la autonomía de facto. A partir de esa fecha el EZLN rinde informes anualmente sobre sus ejercicios de gobierno.

Sorprendido ante el anuncio de la creación de las Juntas de Buen Gobierno, el Gobierno Federal consideró “positiva” esta nueva forma de organización. Cabe señalar que la decisión del EZLN de constituirse en gobierno autónomo se debe a las respuestas obtenidas en los tres poderes de gobierno federal, en los poderes estatales así como en los municipales, en donde la mayoría de las respuestas fueron negativas.

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El hecho irrefutable es que el municipio de  Huitziltepec, en el contexto de la movilización indígena a nivel nacional,  participó, el 15 de octubre del 2001, en un foro regional  indígena, organizado por el gobierno del estado de Puebla. Ergo, Huitziltepec es un municipio indígena.