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Han pasado ya 10 meses desde que los desaparecieron. Sus rostros dibujados a manera de pegas caminan por las calles del mundo con una incógnita que grita rabia y exige justicia. Esa trágica noche, del 26 para amanecer el 27 de septiembre de 2014, se evidenció una herida profunda que lleva ya varios años desangrando al México de abajo. Los y las desaparecidas en nuestro país se acumulan en gritos de angustia para los familiares mientras que los malos gobiernos, tanto federales, estatales como locales, se hacen de oídos sordos y vomitan números catastróficos: En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene hasta el momento un registro de 27 mil 243 personas desaparecidas. Un número casi idéntico –alrededor de 30 mil personas–, que fueron detenidas-desaparecidas en Argentina, principalmente durante la dictadura militar de 1976-1983. Casi seis veces el número de habitantes que viven en el municipio de Santa Clara Hutziltepec. Una cifra que no refleja la vida, el dolor, la desesperación, la profunda preocupación de los familiares que no tienen idea de lo que sucedió con sus hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, padres, madres… Una realidad que trastoca las mentiras que nos quieren hacer creer los medios de comunicación de paga cuando declaran una y otra vez que en México las cosas van bien, que no existe un Estado de guerra.

 

Bajo este contexto, con paso firme y decidido, desde el 27 de septiembre del año pasado, los familiares y compañeros no se han cansado de buscar y exigir justicia por lo que aconteció con los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Esos muchachos que han tenido que enfrentar la indiferencia del gobierno hacia su escuela, esos mismos jóvenes que llegan de las distintas comunidades cercanas para estudiar con la firme voluntad de construirse un futuro diferente, esos y esas estudiantes que bajo una mirada crítica, de resistencia y de rebeldía, que han decidido dedicarse a una docencia diferente y más humana, fueron acorralados, vejados, tres asesinados, dos hospitalizados y 43 desaparecidos.

 

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Repasemos los hechos:

Alrededor de 80 estudiantes normalistas de recién ingreso a la Escuela Normal de Ayotzinapa realizaban el viernes 26 de septiembre una actividad de recolección de fondos solidarios con el fin de trasladarse a la Ciudad de México el 2 de octubre para asistir, como siempre lo hacen, a la manifestación conmemorativa de la masacre de Tlatelolco. Sin saber que ellos mismos se convertirían a su vez en herederos de la memoria de las luchas estudiantiles y del reflejo de la represión brutal del Estado mexicano hacia este sector, los estudiantes salieron de Chilpancingo en dos autobuses y al llegar a Iguala, a las 9 de la noche para proseguir con su tarea de “boteo”, ocuparon otro camión en la terminal de autobuses luego de negociar con el chofer. Al salir de ahí, fueron emboscados por varias patrullas de policías municipales, que sin ninguna advertencia balacearon los camiones con armas de alto calibre. Los estudiantes trataron de escapar mientras los policías los asechaban. Bloqueados por otra patrulla, los estudiantes salieron del camión, una vez más bajo el fuego de las balas que caían como lluvia de acero, algunos fueron interceptados, aprehendidos y metidos en los vehículos oficiales. Al parecer, otros alumnos más fueron concentrados en el patio de la sede de la Policía Preventiva Municipal, alrededor de las 11 de la noche.

 

La persecución de los normalistas y el escándalo de la balacera atrajeron la atención de algunos medios de comunicación locales, ante quienes se improvisó una rueda de prensa para informar de lo acontecido, pero de nuevo los estudiantes fueron atacados, ahora también por personas embozadas, aparentemente civiles. Otro autobús que trasladaba a un equipo juvenil de fútbol fue igualmente agredido y se desbarrancó dejando el saldo de la muerte del chofer, de un joven de 14 años y de una señora que pasaba en un taxi, cuyo conductor también fue herido. La larga noche de terror –de tres horas que duró el ataque– se saldó además con dos estudiantes asesinados –Daniel Solís Gallardo y Yosinavi Guerrero–, otro hospitalizado con muerte cerebral debido a un tiro en la cabeza –Aldo Gutiérrez–, uno más que apareció tirado en la calle, torturado y con la cara desollada –Julio César Mondragón–; 25 heridos, entre los que se encontraba un estudiante que, sin ser atendido, fue sacado de una clínica privada por el Ejército junto a sus compañeros, y más de 50 normalistas desaparecidos, cifra que luego se precisaría, quedando en 43, por quienes se interpuso una denuncia por desaparición forzada ante la Agencia Especializada del Ministerio Público en Búsqueda de Personas no localizadas de la Procuraduría General del estado de Guerrero. El 22 de octubre, el ex procurador Jesús Murillo Karam declararía: “El grupo de normalistas fue ingresado a la central de policía de Iguala y tiempo después fueron sustraídos de esta dependencia por policías del municipio de Cocula, cuyo subjefe, César Nava, está a las órdenes de Guerreros Unidos”, uno de los cárteles que operan en el estado de Guerrero con total impunidad. De ahí, supuestamente los habrían llevado a un lugar desconocido y, al parecer, los entregarían a sicarios del mencionado cártel.

 

Las primeras declaraciones oficiales fueron en el sentido de que el ataque hacia los normalistas se había debido a una “intervención preventiva” ordenada por el Alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, con la intención de impedir que los estudiantes interrumpieran un Informe-fiesta oficial de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa presidenta del DIF, quien pretendía lanzarse como candidata del PRD en las campañas para las presidencias municipales del 2015. A pesar de que Abarca declarara que no se había enterado de nada pues “se la pasó bailando” esa noche, acusó a los estudiantes normalistas de haber sido “contratados para hacer desmadres”. Pero la realidad es que no existen datos objetivos de que los estudiantes tuvieran la intención de acercarse siquiera a esta “fiesta” electorera.

 

El sábado 27 de septiembre el gobierno del estado, encabezado por el gobernador perredista –y ex priísta– Ángel Aguirre Rivero, se vio obligado a intervenir y detuvo a 22 policías involucrados en el ataque, quienes fueron consignados por homicidio calificado luego de que se comprobó que habían disparado sus armas esa noche. Días y semanas pasaron con una sucesión de hechos, encubrimientos y descubrimientos que fueron armando una trama complicada de crisis, no sólo política, sino fundamentalmente humanitaria. La Comisión especial de diputados averiguó que las policías federal y estatal vigilaron ese día a los normalistas desde que salieron de Chilpancingo rumbo a Iguala, realizando un trabajo de monitoreo y que cuando escucharon balazos, la policía estatal decidió no intervenir “por falta de elementos”. Resulta evidente la responsabilidad del Ejército y de la fuerza pública federal y estatal al no intervenir ante este ataque criminal, a pesar de que muy cerca del lugar en donde acontecieron los hechos –al parecer a sólo 7 minutos–, se encuentra el 27 Batallón de infantería y fuerzas especiales de Iguala.

 

Desde los primeros días de octubre, se comenzaron a “descubrir” fosas clandestinas repletas de cadáveres no identificados, sobre todo por la acción y movilización de 550 guardias comunitarias de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), que salieron a rastrear por toda la región de Iguala a los estudiantes. Y aunque los cuerpos hallados no corresponden a los normalistas desaparecidos, aún flota en el aire la duda de quiénes serán esas personas que, desfiguradas por las condiciones de su asesinato, siguen esperando ser identificadas y entregadas a sus familiares.

 

A mediados de octubre, la PGR realizó un primer balance de su intervención en el caso de los desaparecidos: 300 agentes federales participaron en la búsqueda de los estudiantes; 46 detenidos, de ellos 22 policías de Iguala, 14 de Cocula y 10 civiles de la organización delictiva Guerreros Unidos. Se preparó la detención de José Luis Abarca y del jefe de la policía municipal por delincuencia organizada.

 

Al mismo tiempo, las movilizaciones de la sociedad civil se hicieron presentes dentro y fuera del país. A las manifestaciones locales de Guerrero, se unieron las primeras movilizaciones nacionales los días 8 y 22 de octubre, cuando en más de 20 entidades de la República se realizaron acciones de protesta. El contingente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, integrado por más de 20 mil miembros de las bases de apoyo llegaron, procedentes de todas sus comunidades, a San Cristóbal de las Casas exigiendo justicia y anunciándoles a padres y compañeros de los desaparecidos que “Su dolor es nuestro dolor y que su digna rabia es nuestra digna rabia”. A partir de ese momento, las manifestaciones en la capital de la República se hicieron más constantes. A pesar de los arrestos arbitrarios de manifestantes y de la intolerancia de la “izquierda institucional”, las personas salieron a las calles para demostrar su indignación y repudio ante los hechos ocurridos con los estudiantes de Ayotzinapa. El miércoles 29 de octubre, cerca de 90 mil personas se manifestaron en la larga tarde-noche en la Ciudad de México y lo mismo ocurrió el 5 de noviembre con alrededor de 120 mil participantes que llegaron al Zócalo. Los estudiantes del sector de educación media y superior se convirtieron, en muchos casos, en columna vertebral de las amplias y diversas movilizaciones populares, anudando lazos organizativos a través de una coordinación nacional que comenzó a discutir la estrategia duradera del movimiento. Las organizaciones ciudadanas no dejaron de sumarse. Las jornadas de protesta alcanzaron un efecto a nivel internacional articuladas en la llamada Acción Global por Ayotzinapa, que reunió a personas de diversos países del mundo con la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y la consignación y enjuiciamiento de todos los responsables.

 

El 24 de octubre, los padres, madres y estudiantes que mantenían contacto con la comisión gubernamental decidieron romper el diálogo y los tratos con la PGR por falta de resultados y ante el anuncio de esta última de que una línea de investigación apuntaba a los pretendidos vínculos de los normalistas con la delincuencia organizada, lo que fue considerado un intento de criminalizar a las víctimas y a la propia Escuela Normal, siempre asediada y despreciada por las fuerzas oficiales. Exigieron una entrevista directa con el presidente que se llevó a cabo el día 29. Peña Nieto se comprometió a respetar los derechos, la honra, la reputación de los estudiantes desaparecidos, desechando la línea de criminalización que el procurador había apuntado. En este diálogo se acordó garantizar la no impunidad, la atención a las víctimas, la reparación del daño y el apoyo al despreciado sistema de escuelas Normales Rurales, al mismo tiempo se prometió un convenio de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitado por los padres y madres.

 

Ante la exigencia de que ya no se buscaran cadáveres sino estudiantes con vida se rehízo el plan de búsqueda, se creó la comisión mixta de seguimiento e información integrada por personal investigador de la PGR y de la Secretaría de Gobernación. Por último se ofrecieron todas las facilidades a los peritos argentinos para la búsqueda e identificación de los restos encontrados. Pero no duró mucho la cordialidad. El día de las más grandes jornadas de movilización nacional e internacional, con más de 80 instituciones educativas en paro por la presentación con vida de los 43 normalistas, el 5 de noviembre, caen los Abarca en lo que sería considerado por muchos como un montaje de la PGR. Pero nada de la desaparición forzada de los 43. El viernes 7 de noviembre el ex Procurador General de la República, José Murillo Karam realiza una conferencia de prensa transmitida en vivo, luego repetida hasta el cansancio por todos los medios de paga, donde “informa” que por medio de testimonios de tres sicarios de “Guerreros Unidos”, se entera de que los 43 desaparecidos fueron ejecutados y calcinados hasta la pulverización en un gran incendio en el basurero municipal de Cocula, la que por cierto se mantuvo casi diez horas ardiendo sin que nadie se diera cuenta, y luego, ya enfriados los cuerpos (¿cuánto tiempo después?), arrojados a un río cercano. Un verdadero show del terror, con pretendidos testimonios grabados y relatos detallados sobre el supuesto traslado, asesinato e incineración de los estudiantes, dirigido a impactar y aterrar a todo mundo. Los padres, madres y compañeros de los estudiantes de los normalistas no solamente rechazaron y condenaron la salida que pretende imponer el gobierno, sino reafirmaron su exigencia y su lucha por la presentación con vida de todos los desaparecidos. No era posible creer en estas declaraciones inundadas de incoherencias, contradicciones y evidentes mentiras. Hasta la fecha se sabe que el día del supuesto incendio cayó una lluvia constante que no habría permitido que los cuerpos se calcinaran. La única evidencia que se mostró fue un pequeño hueso que supuestamente pertenecería a uno de los normalistas. Pretender asegurar que en un lugar al aire libre es factible calcinar hasta las cenizas 43 cuerpos en tan sólo 10 horas contradice por completo las leyes de la lógica, la física y la realidad.

 

Frente a esta salida a modo que pretendió darle salida al grave conflicto de Ayotzinapa, nuevas acciones comenzaron a organizarse. Se llevaron a cabo tres caravanas de padres que a partir del 14 de noviembre salieron hacia el norte y el sur del país con la intención de recorrer varios estados, así como el resto de Guerrero, las cuales arribaron el día 20 de noviembre –aniversario del estallido de la Revolución Mexicana–, en tres grandes manifestaciones que arrancaron de tres puntos claves de la Ciudad de México: el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. De ahí salieron, encabezadas por los padres y madres de los desaparecidos, tres manifestaciones que fueron creciendo en su caudal hasta desbordarse por las principales arterias del Centro Histórico, para convertirse en una mega marcha que sería el eje de la cuarta Jornada Global por Ayotzinapa que logró involucrar en México a 79 escuelas en paro, 114 universidades y centros de enseñanza superior de todo el país, trabajadores de telefonistas, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, maestros, intelectuales, artistas, amas de casa, niños, niñas, hombres, mujeres y todo tipo de gente de distintos sectores sociales que acudieron a expresar su solidaridad y su exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. En esa misma jornada se movilizaron en 120 ciudades del país y al menos en 30 ciudades del mundo.

 

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Ya para enero de 2015, en el “Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias contra el Capitalismo”, llevado a cabo en diferentes sedes y culminado en el CIDECI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los y las compañeras zapatistas hicieron la petición formal al Congreso Nacional Indígena para que recibieran en sus pueblos a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, quienes, por cierto, asistieron al Festival como invitados especiales. Así comenzó otro largo caminar siempre con la exigencia de la aparición con vida de los desaparecidos. Los padres, madres y compañeros de los normalistas salieron del país para llevar su rabia, palabra y dignidad a otros lugares del mundo, en donde los compañeros y compañeras de la Sezta Internacional los recibieron con oído y corazón atentos. Ya en su regreso al país, iniciaron con las visitas a los pueblos del CNI, llegando el 27 de julio pasado a Huitziltepec, la puerta de entrada a la mixteca poblana.

 

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En una marcha silenciosa, con flores blancas, copal encendido, con nuestra Madre diciendo “Ya Basta”, se recibió a los familiares. Se caminaron las calles del municipio, desde la Presidencia y hasta el “Caracol que canta al Universo”, con la firme intención de acompañar en su dolor, pero también en su interminable lucha, a estos padres, madres y compañeros de los normalistas que siguen exigiendo justicia. A diez meses de la desaparición forzada de los estudiantes, nos escuchamos y aprendimos de la fortaleza, claridad, tenacidad y digna rabia de quienes alrededor del mundo se han ganado nuestro respeto y admiración. La demanda es clara y sencilla: que aparezcan tal como se fueron. Quienes no están deben regresar íntegros, idénticos al día de su desaparición, sin un rasguño, con la alegría de vivir que llevaban consigo, con su dignidad intacta. Tienen que regresar como si nunca se hubiesen ido, la solución es que no se haya ido. Esta es una demanda porque aparezcan todos los que nos faltan, por sus rostros y nombres, porque no falte ni uno más nunca.

Si buscamos las razones de su desaparición, sólo cabría dar algunos datos importantes a considerar. Guerrero, como tantos otros lugares en este país, retrata las pugnas entre los grupos de poder por la obtención y control territorial de los negocios altamente redituables, legales e ilegales, que ahí florecen. Este estado es peleado por los grandes capitales que se dedican a la minería, ya que aquí se encuentra la puerta de entrada del llamado “cinturón de oro” donde se construyen y explotan las minas más grandes de México –Los Filos y Bermejal, explotadas a cielo abierto en el municipio de Mezcala– y que se espera que sean las más importantes de América Latina. En los próximos veinte años se espera extraer sesenta millones de toneladas de oro de este lugar. Además del oro, este lugar es esencial para el trasiego de estupefacientes. Tener el control de este lugar asegura extraer ganancias millonarias a través del corredor llamado Sierra-Río Mezcala-Región centro de Guerrero. México es hoy el segundo productor mundial de marihuana –después de Marruecos– y también de amapola –después de Afganistán–. Hay unas doce mil hectáreas destinadas a cada rubro en este país y en Guerrero se siembran estas dos plantas. Oro, amapola, marihuana, paso de cocaína, de recursos naturales, todo esto engloba el estado de Guerrero y Ayotzinapa está justo en medio de estos grandes negocios. Por ello hacerse dueño de estos grandes negocios requiere de una nueva conquista de territorios, hacerse de ellos por medio de la violencia: desplazar, asesinar, desaparecer. Por cualquier medio se despojan de tierras para la construcción de territorios que reporten miles de millones de dólares en ganancias. Por lógica, la guerra que vivimos no es contra el narcotráfico. Los actores en pugna no son grupos de “narcopolíticos”. La guerra que vivimos es la guerra del capitalismo que busca desesperadamente ganancias por encima de la vida, de la dignidad, de la humanidad. Sosteniendo esta guerra se encuentran la forma de organización social, política y económica que promueve el conjunto de instituciones que componen al Estado mexicano. Por ello tiene sentido afirmar que fue el Estado cuando hablamos y tratamos de explicar Ayotzinapa. Por eso hoy estar vivo y luchar por seguir vivo es ser rebelde. Vivos los queremos es un modo de luchar por la vida, contra la muerte, contra la ausencia y contra la guerra.

*Este texto fue realizado por medio de la información que está publicada en la revista A través del espejo. Por un pensamiento crítico y rebelde. Ayotzinapa, verdad y justica. Los motivos y las implicaciones, Publicación autogestionada, México, Planeta Tierra, Número uno, enero-marzo 2015.